Socios de trabajo

Las cooperativas diferentes de las de trabajo y o de las de explotación comunitaria, pueden incluir en sus Estatutos socios de trabajo, a los que se aplican las normas legales previstas para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo. Los Estatutos deben regular sus condiciones equitativas de ingreso, de participación en los órganos sociales y en los resultados económicos. Algunas normas autonómicas, como la madrileña o al valenciana, limitan la aplicación de las pérdidas a estos socios, con el fin de garantizarles una retribución no inferior al salario mínimo interprofesional.

Socios inactivos o no usuarios/socios excedentes

Una vez causen baja como socios cooperativos, alguna leyes autonómicas, como la madrileña, la catalana, la gallega y la castellano-leonesa, prevén que los Estatutos incluyan esta clase de socios que, sin realizar la actividad cooperativa, continúan manteniendo una vinculación con la cooperativa. Sus derechos y obligaciones tienen carácter limitado, con relación a los que ostentan los socios cooperativos.

Los colaboradores o asociados

La mayoría de leyes autonómicas prevén que los Estatutos contemplen a los colaboradores, asociados o socios colaboradores, personas físicas o jurídicas, que sin realizar la actividad cooperativizada principal colaboren en la consecución del objeto social. Los colaboradores o asociados no pueden tener a la vez la condición de socios. Tendrán los derechos y obligaciones que regulen los Estatutos y los que se pacte entre las partes; los Estatutos pueden reconocer el derecho de voto y/o el de participación en los resultados, aunque limitadamente. La ley madrileña diferencia entre colaboradores y asociados, permitiendo sólo a los primeros participar limitadamente en la actividad cooperativizada.

Existen otras clases de socios, como el socio temporal (cuya vinculación con la cooperativa está limitada a un cierto período de tiempo), el socio a prueba (durante este período de prueba sus derechos y obligaciones vienen limitadas) y en el caso de la Ley andaluza, por ejemplo, el socio inversor, que aporta recursos económicos a la cooperativa, sin realizar actividad cooperativizada, y cuyos derechos políticos son limitados.